ACUARTELAMIENTO POLICIAL DE 2013 : EL DÍA QUE CÓRBOBA FUE "TIERRA DE NADIE"...

Una sociedad organizada necesita del orden para no entrar en caos y, para lograrlo cuenta con instituciones gubernamentales que fueron creadas para ello. De ésta forma, entre otras cosas, se combate el delito, ya que es necesario hacer cumplir la ley y, cuándo ésta es infringida, éstas instituciones cuentan con el "poder de policía" para restablecer el orden buscado y deseado. Quizás la más representativa y reconocida por la sociedad es, justamente, la policía... Pero... ¿ que ocurriría en una sociedad dónde no hubiera fuerzas del orden para mantener el mismo ?  La respuesta es muy clara : caos, desorden, delitos, libertinaje... en síntesis : tierra de nadie.  Algo parecido a ésta situación planteada ocurrió en la capital cordobesa entre el 3 y 4 de diciembre de 2013, fecha en que la policía provincial se acuarteló (a raíz de un reclamo salarial no atendido) y la ciudad quedó totalmente "desprotegida", a merced de todo tipo de delincuentes y saqueadores. ¿ Cómo se llegó a tal situación ?  Antes de los hechos a narrar, una investigación periodística dió a conocer que algunos integrantes del departamento de Drogas Peligrosas tenían vínculos con narcotraficantes en Córdoba. Éste informe dejaba al descubierto una red de complicidad en la que se encontraban involucrados integrantes de la policía y narcotraficantes. Éste caso cobró relevancia nacional y adquirió mayor visibilidad durante el período de elecciones legislativas nacionales, provocando una alta politización del conflicto. En un principio hubo silencio y cierto negacionismo oficial, en una manera de respaldar y "bancar" a la cúpula policial. Sin embargo, la presión social, política y periodística hizo que el jefe de policía, Ramón Farías, renunciara. Igual actitud tomó el ministro de seguridad, Alejo Paredes (uno de los fundadores del grupo comando "ETER"). A  partir de allí, la policía provincial perdió legitimidad y credibilidad ante la sociedad. Por ello, activistas organizaron la denominada "Marcha de la Gorra", en contra del Código de Faltas. A su vez, los reclamos policiales comenzaron en el mes de noviembre, en su mayoría encabezados por las esposas de los uniformados. Pedían mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, aumento salarial.  Al existir una ley que prohibía la sindicalización  y las huelgas policiales, las protestas y manifestaciones, como se dijo, eran encabezadas por esposas y familiares frente a la Jefatura de Policía. No recibieron ninguna respuesta de parte de la gobernación encabezada por José Manuel De La Sota. Cansados de tanto "ninguneo", en la madrugada del 3 de diciembre (exactamente a las 2:30 horas), los policías decidieron adherirse a una medida de fuerza  que dejó desamparados a los vecinos de la ciudad. La mayoría de las fuerzas dejaron de patrullar y todo pasó a ser "zona liberada". El C.A.P. (Comando de Acción Preventiva) frenó su actividad, los policías guardaron los móviles y se reunieron en la calle Celso Barrio, acompañados por sus familias. Se contaban a miles la cantidad  de personas. Los acuartelados no estaban del todo organizados y, fue entonces que hizo su aparición el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quién ofreció sus servicios para ser intermediario en las negociaciones con el Gobierno de Córdoba. El letrado y los huelguistas elaboraron un documento de 14 puntos, entre los que sobresalían el ya mencionado aumento salarial y la condición "sine quanon" de que ningún efectivo policial iba a ser despedido ni encarcelado por el cese de actividad. El portavoz gubernamental era el ministro de gobierno Oscar González, debido a que De La Sota se encontraba en el aeropuerto de Panamá (había viajado a Colombia en misión diplomática y comercial). La ausencia de policías en las calles provocó innumerables saqueos, ataques a comercios y hechos de vandalismo : hordas de personas destruían vidrieras y robaban todo a su paso. La noche era el escenario ideal para la multiplicación de robos y saqueos, siendo los puntos más afectados la zona comercial de los barrios Villa El Libertador y San Vicente y las avenidas Colón, Fuerza Aérea y Donato Álvarez Por otro lado, los vecinos y comerciantes se armaron con lo que pudieron (armas, palos, cualquier cosa era útil) para defender sus pertenencias y propiedades. Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial comenzó a buscar otros policías y a solicitar, sobre todo, a las fuerzas federales para que intervengan. González pidió la presencia, por teléfono, de la Gendarmería... pero no hubo respuesta del otro lado. Sólo un pequeño grupo (aproximadamente 100 efectivos de la Policía Caminera, el "Éter" y Guardia de Infantería) intentaban contener la situación. Se registraron personas heridas y otras (que saqueaban) con intento de  linchamiento por parte de los vecinos. El saldo lamentable de esa noche fueron 2 muertos : Javier Rodríguez, de 20 años, quién recibió un disparo cuándo estaba en las inmediaciones del supermercado  "Buenos Días", saqueado en Barrio Deán Funes. No pudo encontrarse al autor del disparo, a pesar de que luego se peritaron todas las armas de los policías que estaban en la zona. La otra víctima, un jubilado de 85 años, murió infartado cuándo saqueaban su casa. Éste es el relato, paso a paso, de un policía (pidió no ser identificado al contarlo) sobre lo ocurrido esa noche : "Me levanté a las 5:30 horas (mi turno comenzaba a las 7:00 horas) en un departamento que alquilaba. Mientras me preparaba, mi vieja me llamó alarmada para preguntarme que había pasado. Ella me dijo que la policía se había acuartelado. Inmediatamente prendí la televisión, la radio y la computadora y me informé de qué pasaba mientras me alistaba. Luego comencé a recibir mensajes de mis compañeros. Ya informado de lo que pasaba, me presento en mi dependencia de turno, dónde estaban 5 compañeros. Cuatro de ellos me acompañaron en el móvil y me acoplé a la medida de fuerza, que había comenzado a las 2:30 horas. ¿ Porqué me sumé a la medida ?  estaba soltero, pagaba un alquiler en un departamento de un barrio accesible de la ciudad y, aún así, a fin de mes, vivía a base de mate cocido y pan. Al llegar, me encontré con compañeros, compañeras y familiares que hacían una especie de guardia en el edificio. Jamás me imaginé esa cantidad, éramos cerca de 1000 personas en el ingreso. Ya dentro del establecimiento, estaba todo un poco desorganizado. Se armó una suerte de mesa de negociación con representantes de las diferentes direcciones y servicios, con la idea de plasmar un reclamo formal. Se logró que un recién ingresado tuviera salario de bolsillo de $ 14.000. Ortiz Pellegrini fue un oportunista que se autodenominó negociador y vocero de lo que decidíamos, aunque fue un mal necesario porque medianamente conocía la rosca política, por eso al principio fue visto con buenos ojos. El reclamo constaba de 14 puntos. Al mediodía llegó la respuesta de la policía y apareció el comunicado de José Manuel De La Sota (quién había regresado de inmediato desde Panamá y encabezaba las negociaciones) solicitando restablecer el servicio. Cayó la tarde y nos dimos cuenta que teníamos que quedarnos por el tono amenazante de las autoridades. Si nos separábamos nos quedábamos sin trabajo e íbamos presos. Vimos el primer saqueo en el "Cordiez" de Avenida O´Higgins y a comerciantes soldando rejas para defenderse. Sentí culpa y ví el reproche de la gente en sus miradas. Volvimos y ya era de noche. Había decenas de fogatas con personas amontonadas en el patio del hangar, era un campamento "vikingo". Escuchábamos ruidos y gritos producto de saqueos en diferentes comercios a lo largo y ancho de Córdoba. Los acuartelados dormían de a ratos por las novedades y estruendos. También se escuchaban escopetazos del "Éter" y, algunos compañeros lloraban porque el uniforme lo sentís de alguna manera u otra forma y le tomás cariño. Sabías que tenías que estar con tus compañeros (defendiendo a los vecinos), pero te tenías que quedar (en el acuartelamiento) por tu familia, porque si no lo hacías vos, no lo hacía nadie. El único canal de información era Cadena 3 desde el auto personal de un compañero. A la medianoche llegó el jefe policial César Almada (quién duraría sólo 3 meses en el cargo) y nos dijo :"Manténganse unidos". En Nueva Córdoba había barricadas, contenedores de basura apilados y motos carbonizadas. Veíamos persona en pijama y armadas con palos y cuchillos para defenderse. Al mediodía del 4 el Gobierno Provincial accedió. Al salir sentimos euforia por la victoria tras lo conseguido. Agarramos la calle Celso Barrios y eran cuadras de gente aplaudiéndonos. Entendí a la gente, pero yo tenía que pelear por lo mío y lo de mis compañeros". Una postal de la desolación fue el local "Minicuotas Ribeiro" de Barrio Argüello, el cuál fue completamente arrasado. Nunca más abrieron las persianas para exhibir los productos, pues ahora el ingreso de los clientes sería por la puerta lateral. Una de las cajeras recordaba esa terrible noche : "El local tal como estaba nunca más se volvió a abrir. La esquina esa quedó muy triste, muy abandonada. Para el barrio fue un retroceso". Federico Lacase, gerente de la firma, expresó, tras haber permanecido toda la noche en el local : "Ese día no abrimos. Yo personalmente fui hasta la vereda, eran las 8 de la mañana y todavía había gente dentro del local. En días posteriores fuimos a limpiar, no había quedado literalmente nada de mercadería, sólo cenizas y roturas. La sucursal de Donato Álvarez 8385 reabrió y se habilitó de manera provisoria el local del costado, que en ese momento funcionaba como depósito y fue lo que quedó para el ingreso del público hasta hoy. Lo que me tocó esa noche fue, sin dudas, lo más desagradable que he vivido". La protesta finalizó al mediodía del 4 de diciembre. El abogado Ortiz Pellegrini, representante de los acuartelados, anunció el acuerdo que consistió en un aumento del 50 % sobre el sueldo inicial. Sin embargo, uno de los puntos álgidos de la negociación no se respetó, pues 56 policías (los cabecillas), en febrero de 2018 fueron acusados por promover el acuartelamiento. El juicio comenzó el 26 de ese mes, dónde el fiscal Raúl Garzón les imputó los cargos de : desobediencia a la autoridad, incumplimiento de funciones públicas, incitación al delito y uso indebido de caudales públicos. En mayo se conoció la sentencia, dónde casi todos (52 de los 56 acusados) fueron condenados a penas de un año de prisión en suspenso e inhabilitación. La condena mayor recayó sobre Lucas Rodríguez, quién además de los cargos mencionados, tuvo que pagar una multa de $ 12.500. El hecho le costó el puesto al jefe de la fuerza, César Almada y a la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva, además de sancionarse leyes que confirmaron la prohibición de acuartelamientos y la sindicalización. Sin embargo, ningún oficial jefe fue investigado, nunca se juzgaron los saqueos, ni se castigó a los delincuentes que robaron. Las muertes tampoco se investigaron. El gobernador De La Sota, culpó al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner por no haber enviado la ayuda cuándo fue solicitada por el Jefe de Gabinete de Córdoba, Oscar González. El funcionario argumentó que llamó varias veces por teléfono a las autoridades nacionales pidiendo a efectivos de la Gendarmería Nacional, sin obtener respuesta alguna. Los funcionarios de la Nación acusados : Cecilia Rodríguez (Ministra de Seguridad de la Nación), Sergio Berni (Viceministro de Seguridad) y Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete), fueron sobreseídos en 2021. El fallo sostuvo que "no quedó acreditado el pedido formal de ayuda por parte de las autoridades cordobesas". Una versión asegura que la presidente ordenó a Carlos Zannini (Secretario Legal y Técnico) y a Capitanich que no intervinieran en el conflicto cordobés porque "no era un tema nuestro", atribuyéndole una frase que dijo Perón en ocasión del "Navarrazo" de 1974 (conflicto policial encabezado por el comisario Navarro) : ¡ Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa !". No obstante, el conflicto cordobés generó un "efecto dominó" y, casi todas las provincias vivieron situaciones similares con protestas policiales. En todo el país la ola de saqueos dejó un saldo de 10 muertos y más de 1800 comercios saqueados. El acuartelamiento cordobés y la no colaboración del gobierno nacional para resolverlo, marcó un quiebre definitivo en la relación Córdoba - Nación (gobernada por el PJ kirchnerista) que persiste en la actualidad. Las 36 horas que duró el conflicto enfrentó a civiles ladrones / saqueadores contra vecinos y comerciantes dispuestos a defenderse como sea. Durante esas horas, Córdoba fue tierra de nadie...

Foto 1 : Caos total. Saqueadores llevándose de todo (en éste caso, colchones y sommiers).

Foto 2 : Los policías acuartelados en la Jefatura. Pedían aumento salarial... no los escucharon.

Foto 3 : Icónica foto. Una media res tirada en el saqueo del supermercado "Buenos Días".

Foto 4 : Los comerciantes, armados, defendían sus propiedades...

Foto 5 : Local de "Minicuotas Ribeiro", literalmente saqueado y vaciado. No volvió a abrir al público normalmente...

Foto 6 : Por el acuartelamiento fueron juzgados (y condenados) 56 policías, como instigadores del levantamiento.

Foto 7 : Los vecinos levantaron barricadas en el centro de Córdoba para protegerse.

Foto 8 : De La Sota anuncia el fin del acuartelamiento.