MASACRE DE NAPALPÍ... LA JUSTICIA QUE TARDÓ UN SIGLO

La crueldad humana no tiene límites. Cuándo uno cree que lo ha visto o lo ha leído todo aparecen casos y hechos que superan ampliamente lo racional hasta lugares insospechados. Esa manía humana de creerse superior a otro por su color de piel o su etnia ha provocado en todo el mundo masacres con altísimo nivel de alevosía y ensañamiento. Ésta introducción tiene que ver con un acontecimiento que, aún hoy provoca vergüenza y cuyo responsable es el Estado. Para completar la locura, quisieron esconder el hecho y culpar a los victimarios... ¿ A qué hecho nos referimos ? A la masacre de Napalpí, en Chaco, hace un siglo, en 1924. Eran épocas de sometimiento de los pueblos originarios y esplendor de las multinacionales extranjeras que, literalmente saquearon los recursos del país, con insólitas exenciones impositivas y laborales dadas por el Estado, además de las condiciones inhumanas de explotación a la que eran expuestos los trabajadores. Un caso emblemático, durante la década del ´20, era la empresa "La Forestal", de capitales británicos (luego se sumaron alemanes y franceses) que acumulaba casi todos los obreros del monte argentino. Tal empresa llegó a ocupar (y explotar) dos millones de hectáreas en el norte de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y Formosa para la explotación del quebracho colorado en los montes. Los hacheros de "La Forestal" realizaban agotadoras e inhumanas jornadas de trabajo de hasta 16 horas y, su paga consistía en vales canjeables por mercadería en los almacenes de ramos generales que... también pertenecían a la compañía. Un sistema de explotación macabro y perverso que, el Estado permitía. A tal punto se daba ese aprovechamiento patronal que, en un mes de trabajo, los obreros ganaban el equivalente a 10 kilos de carne. Para completar el círculo siniestro, había una especie de "policía privada", integrado por miembros de la Liga Patriótica (grupo parapolicial de extrema derecha), que se ocupaba de reprimir las huelgas de los hacheros, saquear e incendiar sus casas y, matarlos. ¿ Porqué sucedía ésto ? Porque Chaco era territorio de conquista de las expediciones militares que buscaban extender las fronteras indígenas a un precio muy alto : el dominio territorial, económico, étnico y cultural. Según el censo de 1920, la población chaqueña era de 60.564 habitantes. Luego, en 1923, el presidente Marcelo T. de Alvear designó como gobernador del territorio nacional de Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en la Batalla de Cepeda, tres veces presidente del Concejo Deliberante de Santa Fe y con estudios superiores en París. Su política de gobierno consistía en la "Reducción de Indios", un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz. De ésta forma, al mismo tiempo los obligaba a abandonar su vida nómade y los incorporaba al proceso de producción económica. La Reducción de Napalpí era un territorio de 20.000 hectáreas, ubicada a 120 kms. de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al oeste. Había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios, Enrique Lynch Arribálzaga. La misma era una especie de "cerco de producción agraria", bajo subsidio y control estatal y, buscaba evitar que las etnias mocoví, toba y vilela, continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, ya que éstos los consideraban obstáculos para su objetivo de "civilización y progreso". También les incluyeron una política educativa, pues se fundaron escuelas para los hijos de los aborígenes. Otra posibilidad ventajosa para ellos era que podían ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, Salta y Jujuy por una mejor paga. Es decir que, a pesar de todo, las etnias tenían cierta protección. Pero, éstos "privilegios" iban en contra de los intereses de los terratenientes del monte, ya que (para ellos) eran una "mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha", argumentaron. Por ello, el gobernador Centeno, para favorecerlos, prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio chaqueño. Éste cambio abrupto de planes provocó la reacción y protesta de los indígenas, ya que además de ponerles un "cerco laboral", les imponían el descuento del 15 % de su producción propia de algodón. Se sublevaron contra la Administración de la Reducción negándose a levantar la cosecha. El ambiente se tornó denso, crispado. La policía local comenzó a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña que habían desobedecido la orden de Centeno y, mataron a algunos en el paraje "El Cuchillo". Hubo también denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y faena de animales (las cuáles eran totalmente falsas). Ante el cuadro de situación, el 17 de mayo, Centeno concurrió a las tolderías de Napalpí a entrevistarse con los caciques. Éstos le pidieron, entre otras cosas: la suspensión del 15 % de su cosecha de algodón que debían entregar, libertad para vender sus productos (sólo podían hacerlo con los patrones a cambio de vales de mercadería), la reapertura de las escuelas (habían sido cerradas), títulos de propiedad para colonos indígenas (que certificaran su tenencia legal), liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia (capturados al regresar de la zafra) y la entrega de 2 vacas y 1000 kgs. de galletas. Sin embargo, ni las promesas ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la "Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, fueron suficientes para atenuar la hostilidad creciente de la región. El fracaso estaba consumado. La policía se puso "más dura" para evitar que los indígenas, comandados por el cacique toba Pedro Maidana abandonaran la Reducción. El fundador de la Reducción, Enrique Lynch Arribálzaga, advirtió con gran sapiencia sobre el tema: "La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuánto vea la primera coyuntura para hacerlo". Desesperado y, ante el temor de que la situación se le fuera de las manos, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la sublevación, pero le respondieron que era un hecho policial y, por lo tanto debía ser resuelto a nivel local. Llega el fatídico día 19 de julio. Como premonición (y sin objetividad ni certeza de fuentes), esa mañana el diario "La Nación" publica : "La sublevación de los indios de la Reducción de Napalpí continuaba amenazando a la población de la zona norte del departamento Villa Ana. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo". Esa misma mañana ya se encontraban en la Reducción las tropas enviadas por Centeno. Eran 40 hombres que habían partido en tren desde Resistencia. Luego, se sumaron 80 más de localidades vecinas y, también se acoplaron civiles armados al servicio de los productores, totalizando 130 personas. Bien temprano, un biplano Curtis JN 90 "Chaco II",que había despegado del Aero Club Chaco, sobrevoló la Reducción (para de ésta forma "marcar" la posición exacta de los aborígenes) y, arrojó algunos paquetes de víveres. Todos salieron y se "lanzaron" sobre los mismos. Fue entonces que la trampa hizo efecto y se ejecutó un ataque a mansalva y traición : los 130 policías, civiles y propietarios armados, durante 40 minutos, les dispararon a todos con sus rifles Winchester y Máuser. Los que quedaban heridos en el suelo eran rematados a machetazos. También los degollaban y cortaban las orejas, testículos y penes, en una horrorosa mutilación. Desde el aire, el copiloto del biplano se "hizo un festín" disparándole a todos los aborígenes que se movían. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y vejadas, todos los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Los niños que quedaron en las tolderías fueron entregados a los estancieros como sirvientes para tareas domésticas. A pesar de todo, un pequeño grupo (principalmente de mujeres y niños) se internó en el monte y, pudo salvarse. Los cadáveres fueron amontonados, rociados con querosén y enterrados en fosas comunes.El gobierno del presidente Alvear quiso hacer pasar el hecho como un enfrentamiento entre distintas etnias. El 21 de julio, dos días después de la masacre, sin ningún prurito, el diario "La Voz de Chaco", publicó : "... la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos 50 muertos". Pero era imposible imponer tamaña mentira. El 4 de septiembre, en la Cámara de Diputados, se interpeló al Ministro del Interior Vicente Gallo. Todo fue promovido por el diputado socialista Francisco Pérez Leirós, quién describió la masacre como "hechos que parecen propias de una pesadilla de un loco", mientras exhibía un frasco con las orejas y los testículos del cacique toba Pedro Maidana, líder de los indígenas. Sin embargo, en el mismo Congreso, el oficialismo logró hacer fracasar la conformación de una comisión investigadora. El gobernador Centeno apartó a los fiscales que pretendían investigar, trasladó a jueces a otros distritos e hizo liberar a los policías que habían sido detenidos. Los señalados como culpables no fueron condenados. Ante ésto, los sobrevivientes vivieron atemorizados, dejaron de lado sus ritos ancestrales y no querían hablar de lo ocurrido. En el colmo de la hipocresía y la falacia, en el expediente judicial la policía negó la matanza y, según su versión (tomada como oficial), "cuándo llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron sólo a 3 caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de 800 indios, al ver caer a sus jefes, huyeron al monte...". La Justicia, como se dijo, archivó la causa sin reconocer culpabilidad de nadie ni recogió los testimonios de los indígenas que, por entonces eran niños y lograron escapar de la masacre. Pasaron los años de injusticia y, recién en 2004, la Asociación Comunitaria Colonia La Matanza demandó al Estado por lo ocurrido en Napalpí, presentándose en nombre y representación de la comunidad aborigen argentina del pueblo de la etnia toba, de las cuáles hoy sobreviven 20.000 personas aproximadamente. Peticionó 350 millones de pesos en concepto de reparación (150 millones por daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente y 200 millones por daño moral). La Cámara Federal de Resistencia falló a favor, pero después la Corte Suprema de Justicia revocó tal fallo (que obligaba al Estado a pagar), argumentando que tal ONG carecía de legitimidad para representar a las etnias perjudicadas. Los últimos sobrevivientes lograron relatar el horror antes de morir. Una de ellas fue Melitona Enrique (contaba con 23 años el día de la masacre), quién junto a su madre corrió hacia el monte en medio de la balacera, mientras caían sus abuelos, tíos y primos. Estuvo varios días y noches sin comer. Ella contó: "Antes de la masacre, todos se amontonaban para el reclamo. Les pagaban muy poco en el obraje, por los postes, por la leña y por la cosecha de algodón. No le daban plata, sólo mercadería para la olla grande dónde todos comían. Por eso se reunieron y reclamaron a los administradores y a los patrones y... se enojaron los administradores y el gobierno". En su último cumpleaños (13 de enero de 2008), el Estado provincial de Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre, le pidieron disculpas, le regalaron una silla de ruedas y le prometieron una casa de ladrillos. Melitona no pudo verla, pues falleció a los pocos meses, a los 107 años de edad. Cinismo en su máxima expresión. Otro sobreviviente que pudo hablar fue Pedro Balquinta (tenía 16 años el día de la masacre), mediante un traductor, pues habló en su lengua originaria, en 2014 : "Mataron a muchos y luego los taparon en un pozo grande, un solo pozo". Murió en 2016 a los 108 años. En el año 2020, la jueza federal de Chaco, Zunilda Niremperger, tramitó el llamado "Juicio por la Verdad", que se llevó a cabo en la Casa de las Culturas, en Resistencia y, allí la Cámara Federal de Apelaciones determinó que la Masacre de Napalpí se trató de un crimen de lesa humanidad. El fiscal Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco, en la sentencia dictada el 19 de mayo de 2022, declaró: "La masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado por el Estado". En esa oportunidad declaró (a través de una filmación, desde su casa) la última sobreviviente de la masacre, Rosa Grilo, quién contaba con 114 años. En el Lote 40 del paraje "El Martillo", a 30 kms. de Colonia Aborigen, expresó : "Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy tirste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. No sé porque mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento". Luego de varios días refugiadas en el monte con su tía y su madre, sin comer, lograron escapar y llegar a Machagai. Rosa murió el 5 de marzo de 2023, a los 115 años. El gobierno decretó 3 días de duelo, las banderas izadas a media asta y asueto administrativo para empleados de la comunidad originaria. Anteriormente para reparar las injusticias contra las etnias (no sólo por Napalpí), en 2020, se inauguró un memorial que contiene urnas con restos de los qom muertos durante la llamada Campaña del Desierto Verde (1870-1917) y una fosa dedicada a veteranos indígenas que combatieron en Malvinas. En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó excavaciones en el lugar de la masacre en busca de cuerpos en las fosas comunes. Tuvo que pasar un siglo para conocer la verdad sobre lo ocurrido en Napalpí, una verdad que quiso ser ocultada por el Estado (una vez más) debido a su planificación e intervención directa en la misma. Fueron asesinadas 423 personas en 45 minutos, de la forma más salvaje posible y ultrajados sus cuerpos inertes. La justicia llegó demasiado tarde, pues los victimarios habían fallecido todos y a las poquísimas víctimas que quedaban, ya centenarias, sólo les quedó la revictimización de su relato antes de morir. Un hecho macabro y siniestro, que cumple un siglo... y una frase de una sobreviviente describe el horror de la matanza : "... los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres...".